sábado, 18 de noviembre de 2017

La vicepresidenta podría haber intentado silenciar a los consejeros enviando a Jaime Pérez Renovales a controlar el Banco de Santander



Josele Sánchez
Jueves, 16 de noviembre de 2017 

Esta es la secuencia detallada de cómo la vicepresidenta del Gobierno y todos los consejeros del Banco de Santander conocían el presunto asesinato de Emilio Botín.


A raíz de la primera noticia publicada con carácter de exclusividad por La Tribuna de Cartagena, en la que afirmábamos que había una querella presentada por el posible asesinato de  Emilio Botín en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, contacta con nosotros Peter J. Bishop y se nos abre todo un horizonte de nuevas posibilidades de indagación periodística ya que, hasta el momento, no se ha realizado la investigación judicial, las únicas pesquisas imprescindibles para aclarar este caso con tan altas repercusiones.


Bishop, no es su nombre real. Si se supiera su auténtica identidad, en estos momentos podría no estar vivo. Se trata de un británico, reputado miembro del mundo financiero, asesor en transacciones bancarias internacionales del más alto nivel, una persona sobradamente conocida en el mundo financiero español, pese a que sus grandes contactos y donde opera es en Reino Unido (HSBC, Standard Bank…) y los Estados Unidos (desde la Reserva Federal hasta la propia Casa Blanca, habiendo participado en el equipo de asesores de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2008 y 2016).



La querella de la que informó en rigurosa primicia La Tribuna de Cartagena, sostiene que la actual presidenta del Banco, Ana Patricia Botín y la viuda del banquero, Paloma O´Shea fueron las  inductoras del asesinato de Emilio Botín, crimen cometido por Jesús Samper (narcotraficante colombiano y amante de Ana Patricia Botín) y los empleados de seguridad de la propia entidad financiera, Carlos Martínez, Carlos Rubio y José Manuel García Entrena.


Pues bien, ahora aparece una minuciosa comunicación del posible asesinato de Emilio Botín, que Peter Bishop efectúa al Ejecutivo, al Regulador ya los propios consejeros del Banco de Santander. Una comunicación que también se hace llegar (como verán en la detallada información que les ofrecemos a continuación) al Bank of England, a la Financial Crime Enforcement (FINCEN) en los Estados Unidos y a la división de investigación europea del FBI, denominada FBI-Europa.

La información que maneja Peter J. Bishop (aunque conseguida por fuentes completamente distintas) es coincidente con la que obra en poder de La Tribuna de Cartagena. De ahí su tremenda importancia.



 El FBI en Europa conoce el presunto asesinato del banquero


Vamos con el relato pormenorizado de las gestiones realizadas por Bishop:

Con fecha 5 de abril de 2015 todos los miembros del Consejo de Administración del Banco de Santander, el exconsejero delegado Javier Martín y Enrique García Candelas, excontry head, reciben un sobre con la inscripción “ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL”. Esta documentación procede de Gibraltar y está firmada Peter J. Bishop.

Peter J. Bishop, alertado por las posibles consecuencias negativas de la difusión masiva de unos hechos de los que es conocedor, unos hechos que podrían terminar en una alarma generalizada con la consiguiente influencia negativa en la liquidez del propio Banco de Santander (tal y como ocurrió, en su día, en el caso Lehman Brothers, Bankia y otras corporaciones financieras de gran relevancia) y que nos podría llevar a una situación de posible rescate financiero dado el extraordinario poder del Banco de Santander, decide poner los hechos en conocimiento de todos los miembros del Consejo de Administración de la entidad, con su presidenta Ana Patricia Botín incluida.

Junto al referido dossier se les hace llegar una carta en la que se les pide que destruyan el documento tras su lectura y se les comunica que, a su vez, han sido informadas (de igual modo y con idéntico documento) las autoridades competentes españolas, es decir, el Ejecutivo y el Regulador.

Precisamente, un día después, el 6 de abril de 2015, Peter J. Bishop da traslado de idéntica documentación a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y al gobernador del Banco de España, Luis Linde. Además, a ambas autoridades, se les solicita su intervención e investigación de tan peligrosa información y se deja en sus manos el traslado o no del asunto a las autoridades europeas e internacionales (BCE, FED… etc)

Transcurridos diez días sin que ninguno de los informados “mueva ficha”, y ante la tremenda gravedad de cuanto se informaba, con fecha 16 de abril de 2015, paralelamente a la acción emprendida por Peter J. Bishop, otra persona, que no trabaja conjuntamente con Bishop pero que es también pleno conocedor de los graves hechos denunciados, una persona completamente identificada por La Tribuna de Cartagena (cuyo nombre facilitaremos cuando sea necesario pero que, de momento, omitimos en interés a la confidencialidad de cuanta información nos disponemos a ofrecerles), realiza un Acta de Manifestaciones ante el notario de Madrid Francisco Javier Monedero San Martín y la presenta, un día después, el día 17 de abril ante la Fiscalía, solicitando se practiquen cuantas pruebas considere convenientes.

Extrañas maniobras de Soraya Sáenz de Santamaría para silenciar el posible asesinato de Botín

Sin que el Ejecutivo lo ponga en conocimiento de autoridad judicial alguna y sin iniciar tampoco ninguna investigación, la reacción del gobierno de España resulta altamente preocupante; la elocuencia de los silencios hace indicar un deseo de ocultación de los hechos denunciados ¿extrañas maniobras....?; así las cosas, Soraya Sáenz de Santamaría, que cuenta como subsecretario de presidencia con Jaime Pérez Renovales, exdirectivo del Banco de Santander y el hombre más fuerte de su departamento, sin que nada lo justificase y de manera absolutamente imprevista (los subsecretarios, como los ministros, no se sustituyen de un día para otro, así porque así…) ordena a Pérez Renovales su regreso a la entidad financiera en la que, inmediatamente, Ana Patricia Botín –previsiblemente a instancias de Soraya Sáenz de Santamaría- asciende a Jaime Pérez Renovales, nada más y nada menos que hasta la posición de secretario del Consejo, una cargo absolutamente relevante en la toma de decisiones del Banco de Santander.

Como quiera que la comunicación presentada ante la Fiscalía (con el Acta Notarial de Manifestaciones) no obtiene  ninguna respuesta, el 8 de agosto de 2015 la denuncia es remitida al Juzgado Central de la Audiencia Nacional. Una fuente de ABSOLUTA SOLVENCIA (cuyo nombre, por cuestiones obvias de seguridad, no podemos desvelar), nos detalla cómo desde el gobierno se dan instrucciones absolutamente secretas para paralizar cualquier investigación que ayude a esclarecer si Emilio Botín fue o no fue asesinado.



El 11 de agosto de 2015 hace su aparición en escena un misterioso grupo autodenominado Eagle´s Nest (Nido del Águila) que media para una nueva comunicación de los hechos al Consejo de Administración del Banco de  Santander (recordemos que ya había sido puntualmente informado, de manera personal y confidencial a cada uno de sus miembros, cuatro meses antes). Dado el grosor de la documentación a aportar y para evitar cualquier filtro de interceptación del mensaje, se les hace llegar, a través de un CD-R, con el texto “Invitación personalizada de parte de Eagle´s Nest”. 

También se hace llegar idéntica documentación y de la misma manera a la viuda del banquero, Paloma O´Shea mediante envío domiciliado a la Fundación Albéniz de Madrid. Tenemos confirmación de que la documentación fue recibida por todos los destinatarios a excepción de la consejera Sheila C. Bair que ha presentado su dimisión ante el Consejo de Administración del Banco de Santander, una extraña dimisión de la que les hablaremos en próximas entregas.

Un día después, el 12 de agosto de 2015, reciben idéntica documentación (por el mismo conducto y remitente) la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el gobernador del Banco de España, Luis M. Linde.

También es informado, tiempo después, el Bank of England. Desde las más altas instancias del Bank of England sugieren a Peter J. Bishop que ponga todo cuanto afirma en conocimiento de las autoridades norteamericanas.

Así las cosas, Bishop contacta con el Financial Crime Enforcement (FINCEN) en Washington, agencia perteneciente al Departamento del Tesoro estadounidense, destinada a la inteligencia financiera, la información sobre transacciones financieras internacionales, lucha contra los delitos financieros y el blanqueo de capitales desde donde se traslada la información al FBI-Europa que tiene el citado expediente.

Peter J. Bishop no vuelve a tener ningún conocimiento del asunto hasta que, según él mismo afirma, se entera por La Tribuna de Cartagena de la querella presentada por el asesinato de Emilio Botín contra su hija Ana Patricia Botín, su viuda Paloma O´Shea, Jesús Samper, narcotraficante con quien la actual presidenta del Banco de Santander mantiene una relación extramatrimonial y los jefes de seguridad del propio Banco, Carlos Martínez, Carlos Rubio y José Manuel García Entrena.

Desde Gibraltar, el pasado 7 de noviembre Peter J. Bishop hace la siguiente declaración pública: “Con el fin de informar a los medios y al público, debo afirmar que la querella reproducida y comentada por el diario digital La Tribuna de Cartagena, no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de denuncias, de la que son perfectamente conocedores los miembros del Consejo de Administración del Banco y las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales.

A quienes nos han tachado de habernos inventado la noticia, (como Diario.es, acaso el medio más manipulador de la opinión pública y que, por mucho que presuma de progresista, actúa como defensor de los intereses de la familia Botín), demostramos con esta información que todo lo publicado por La Tribuna de Cartagena -en relación con el presunto asesinato de Emilio Botín- está sobradamente documentado, hasta el punto de tener en nuestro poder ciertos documentos CONFIDENCIALES, desclasificados ex profeso para su utilización exclusiva por parte de La Tribuna de Cartagena.

Un dato final importante: Peter Bishop nunca ha dicho que Botín fuera asesinado; lo mismo que La Tribuna de Cartagena. Bishop tiene conocimiento de unos hechos gravísimos que entiende deben ser conocidos por las autoridades para que investiguen su veracidad.

Bishop termina su manifiesto con un argumento del que nos honramos en LTCT por cuanto nos toca. Dice así: “yo denuncié lo que era, hace dos años, una información gravísima sin entrar a valorar si era o no cierta. Jamás he dicho que Botín fuera asesinado, lo mismo que no lo dice La Tribuna de Cartagena en las noticias que ha publicado y que yo he podido leer. Por eso mi credibilidad por ese medio, porque hace un periodismo valiente pero no sensacionalista, informa pero no califica. Sólo los intentos obstructivos de la administración para que no se realice investigación alguna, la paralización tan extraña de la vía judicial y el silenciamiento absoluto de la totalidad de medios de comunicación (con la única y ejemplar excepción de los periodistas Josele Sánchez y César Vidal) son los que, acaso por vez primera, lleguen a hacerme plantearme que existen muchas probabilidades de que los hechos denunciados por La Tribuna de Cartagena pueden ser verosímiles”.


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