Ana Patricia
Botín podría verse obligada a abandonar la presencia del Banco de Santander.
Con un
millón seiscientos mil lectores, la noticia sobre la querella por el asesinato
de Emilio Botín hace que La Tribuna de Cartagena arrase entre los periódicos
digitales y provoca que un grupo de accionistas del Banco de Santander exija la
dimisión de Patricia Botín al frente de la presidencia.
Ana Patricia
Botín, presidenta del Banco de Santander
Nos trasladamos hasta Barcelona para reunirnos con nuestra fuente. Se trata
de alguien de impecable trayectoria en el mundo de las finanzas. Nos
facilita abundante y acreditada documentación que iremos desgranando, en esta y
sucesivas entregas, para llegar a conocer qué pasó en realidad la noche de 9 de
septiembre de 2014 en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en Boadilla
del Monte. Recordemos, una vez más, que la versión oficial sobre la muerte
de Emilio Botín la sitúa un día después, el 10 de septiembre y no en Boadilla
del Monte sino en su domicilio particular en Somosaguas, una residencia
familiar en la que hacía mucho tiempo que no vivía Botín que iba a divorciarse
para contraer matrimonio con su amante María Sánchez del Corral, directora de
Marketing Corporativo y Marca del Banco de Santander.
Ana Patricia Botín y su extraordinario poder económico que ejerce sobre
todos los grandes grupos de comunicación españoles ha conseguido, hasta el día
de hoy, que la prensa, radio y televisión en España haya silenciado la noticia
ofrecida en primicia
exclusiva por La Tribuna de Cartagena en relación con la querella presentada
ante la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de
Madrid.
Sin embargo, la contundencia de las informaciones ofrecidas por La Tribuna
de Cartagena, que en pocas horas ha superado el millón seiscientos mil
lectores, ha convulsionado las redes y ha originado la reacción de un
importante grupo de inversión norteamericano, propietario del 3,8 % del banco
español, que estaría exigiendo, de manera inmediata, la dimisión de la actual
presidenta, acusada del asesinato de su padre, Ana Patricia Botín, en la
querella referida.
La querella considera artífices del asesinato del patrón de la banca
española al amante de Ana Patricia Botín, el narcotraficante colombiano
Jesús Samper y a los responsables de seguridad de la Ciudad Financiera de
Boadilla del Monte, Carlos Martínez, Carlos Rubio y José Manuel García Entrena e,
inductoras del homicidio a la propia Ana Patricia Botín y a su madre, la
viuda del banquero, Paloma O´Shea.
Lejos de todo amarillismo y de cualquier atisbo al sensacionalismo
informativo, desde La Tribuna de Cartagena en ningún momento nos hemos
pronunciado, siquiera de manera sibilina, respecto a la veracidad o no del
asesinato del banquero; tan solo nos hemos limitado a reproducir lo que dice la
querella presentada por el letrado Carlos Javier Sánchez-Seco Vivar y de
la que conoce todos los extremos el juez de la Audiencia Nacional,
Santiago Pedraz Gómez.
Sin embargo, un importante grupo accionaria norteamericano, poseedor de
casi el 4% del Banco de Santander ha dicho ¡basta! (hay que recordar que la
participación de la familia Botín en el Banco de Santander, hasta ahora
intocable, es inferior al 2%). Las continuas irregularidades que han
caracterizado la gestión de Ana Patricia Botín desde que accedió a la
presidencia del Banco de Santander, han rebasado todos los límites de paciencia
de un grupo de accionistas para los que todo no está permitido, ni aun
tratándose de un negocio tan turbio como lo es el de la banca. Así las
cosas, desde el referido grupo accionarial se acusa a la actual presidenta del
Banco de Santander y a su equipo de gestión, de haber sobrepasado todos los
límites éticos e incluso legales, y entienden que su manera de conducir a la
entidad bancaria supone un grave peligro para su propia estabilidad empresarial
y la del mercado financiero.
Según fuentes del citado grupo de accionistas, la mayoría de los beneficios
declarados por la entidad bancaria procederían de operaciones sometidas a
fundamentadas sospechas jurídicas: la compra de Arbengoa, para cuya
transacción el Banco de Santander no dudó en mentir al Consejo de
Administración y conseguir, de este modo, el cese de Felipe Benjumea -tras
comprometerse a una posterior ampliación del capital que después nunca se
produjo-, la adquisición del brasileño Banespa, las continuas
inyecciones de capital para la adquisición de oficinas en colaboración con otra
entidad bajo sospecha, el Royal Bank of Scotland, todo ello unido al
creciente poder de un personaje tan conocido por su desmesurada ambición, como
por su falta absoluta de escrúpulos, Miguel Zorita, expresidente de la
auditora del Santander Deloitte y responsable de la estrategia carente
de la mínima ética exigible en Duro Felguera.
Sólo faltaba, para acabar de rebosar el vaso de la paciencia de los
accionistas norteamericanos, la reciente compra por un euro del Banco
Popular, una vergonzosa adquisición que ha contado con la aquiescencia del
gobierno de España, muy especialmente de Soraya Sáenz de Santamaría, a la
que habrá que dedicar un capítulo entero en esta tenebrosa e inacabable
historia negra que está envolviendo al Banco de Santander.
Emilio
Botín presuntamente asesinado
La adquisición/donación del Banco Popular, que ha dejado en bancarrota a
más de trescientas mil familias españolas, se ha realizado con ocultación
al Consejo de Administración de importantísimos datos, así como con mentiras y
balances falseados a los organismos de control financiero de España, para
conseguir, finalmente, uno de los mayores pelotazos en la historia de la banca
que servirá para tapar la mala gestión económica de Ana Patricia Botín al frente
del banco.
No en vano, la justicia española podría, de un momento a otro, decretar medidas
cautelares en relación con la irrisoria compra por un euro del Banco Popular a
manos del Banco de Santander, habida cuenta de que, ya ni el Ejecutivo, tan
empeñado como está la vicepresidenta en favorecer a la entidad financiera y
acallar toda crítica -incluso, de los medios de comunicación-, es capaz de
detener la avalancha que se le viene encima; por ello, podría producirse, esta
misma semana, una paralización judicial que afectaría de manera inmediata a
la de venta a BlackStone de un 51% de la cartera inmobiliaria del Banco Popular.
No hubo autopsia a Emilio Botín. El Gobierno
de España conocía desde el primer momento, la sospecha de asesinato del
banquero.
Soraya Sáenz
de Santamaría
Según un documento confidencial al que hemos tenido acceso desde La Tribuna
de Cartagena, con fecha 6 de abril de 2015, tanto la vicepresidenta del
Gobierno Soraya Sánez de Santamaría como el Gobernador del Banco de España, Luis
Linde, son informados del presunto asesinato del banquero Emilio Botín, de
la posible autoría atribuida a Jesús Samper (narcotraficante colombiano y
amante de Ana Patricia Botín) y a tres miembros del equipo de seguridad del
propio Banco de Santander, Carlos Martínez, Carlos Rubio y José Manuel García
Entrena y de la posible inducción al asesinato atribuida a la propia hija del
fallecido, Ana Patricia Botín y a su viuda, Paloma O´Shea.
Se les hace entrega de un detallado informe en el que se relata el modus
operandi, la autoría, las inductoras, los motivos, el irregular Consejo que se
improvisa en el despacho contiguo a donde se encuentra el cadáver del banquero
para elegir a Ana Patricia Botín como nueva presidenta y, sobre todo, la
inexplicable ausencia de informe de autopsia médico forense, prácticamente
preceptiva en cualquier muerte similar, aún más, tratándose de una figura de
primera magnitud económico-financiera a nivel internacional.
Se les pide la intervención, investigación y se deja en sus manos la
conveniencia de comunicarlo a las autoridades europeas e internacionales (BCE,
FED…etc).
10 días después, el 16 de abril de 2015, ante la falta de reacción alguna
tanto por parte del Gobernador del Banco de España como de la vicepresidenta
del Gobierno, se protocoliza ante el notario de Madrid, don Francisco Javier
Monedero San Martín, escrito de acusación que el citado notario presenta ante
la Fiscalía de la Audiencia Nacional un día después, el 17 de abril de 2015,
solicitando se practiquen las pruebas que se crean convenientes para verificar
la posible existencia de un delito de tal magnitud.
Jaime Pérez
Renovales, el hombre de la vicepresidenta en el Santander
Lejos de prestar colaboración, Soraya Sáenz de Santamaría, que tenía entre
su equipo de más directos colaboradores a Jaime Pérez Renovales, exdirectivo
del Banco de Santander (en excedencia desde diciembre de 2011), habría ordenado
a su colaborador la vuelta inmediata a la entidad financiera, de manera
aparentemente normal. Analizada esta acción, con la perspectiva del tiempo
transcurrido y el posible homicidio sin investigar y completamente silenciado,
todo indica a una maniobra de la vicepresidenta para controlar las
investigaciones internas del Banco sobre el posible asesinato del banquero. No le ha ido nada mal
seguir las órdenes de su jefa, Soraya Sáenz de Santamaría: en la actualidad,
Jaime Pérez Renovales es, nada más y nada menos que el secretario del Consejo
de Administración del Banco de Santander.
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