por Thierry
Meyssan
Una vez más,
la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen que
se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión
propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de
las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial
de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los
conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina
Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes
latinoamericanos.
Red Voltaire | Damasco (Siria) | 23 de febrero de
2015
El
presidente Obama con su consejero para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga.
Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice. © White House
El
presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en
su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos
del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en
peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde la adopción de la
Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del mundo,
esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a
impedir su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la
riqueza nacional.
Era el 6 de
febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de las
instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba
planificado para el 12 de febrero.
La «Operación
Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC),
bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el
nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras
que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del
general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la
Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en
La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una
oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las
relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre
en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer
implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y
dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente
no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy)
y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute
(IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI);
la Freedom House y el International Center for Non-Profit
Law.
Además,
Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas
en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos
Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de
la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto
internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos
de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la
propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas
para que reconozcan a los golpistas: en Washington,
el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián
Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés
Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente
Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para
justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas
venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de
primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como
objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines
estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre
los consumidores descontentos.
La maniobra fracasó ya que,
a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y
de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a
atacar los comercios.
Para
reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre
de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus
dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las
personalidades responsables de la represión contra manifestaciones
estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba
pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los
venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las
fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas
en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
El
ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary,
actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
La acción
militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede
del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como
subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado
Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el
almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft
(ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa
parte del plan, un avión militar Super Tucano, matrícula
N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para asesinar a
Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión falsamente
identificado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela, debía
bombardear el palacio presidencial de Miraflores y otros objetivos entre los
que se encontraban la sede del ministerio de Defensa, la dirección de
Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de televisión multinacional creado
por el ALBA. El avión se hallaba en Colombia, el cuartel general de
los putchistas había sido instalado en la embajada de Estados Unidos en
Bogotá –la capital colombiana– con la participación del embajador
estadounidense Kevin Whitaker y de su segundo, Benjamin Ziff.
Varios
oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de antemano un
mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder para restaurar el
orden en el país. También estaba previsto que suscribirían el plan de
transición, publicado en la mañana del 12 de febrero de 2015 en el diario El Nacional
y redactado por el Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía
la formación de un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María
Corina Machado.
El golpe de
Estado pondría en el poder a María Corina Machado. El 26 de enero de 2015,
la ex diputada recibía en Caracas a sus principales cómplices
extranjeros.
María Corina
Machado fue presidenta de Súmate, la asociación que organizó y perdió el
referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez Frías,
en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento– los fondos de la NED (National
Endowment for Democracy) y los servicios del publicista francés Jacques
Seguela. A pesar de aquella derrota, María Corina Machado fue recibida con
honores por el presidente George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el
21 de marzo de 2005.
Después de ser electa en 2011 como representante del
Estado de Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se presentó
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de
Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente destituida de su cargo
de diputada por haber violado así los artículos 149 y 191 de la
Constitución de Venezuela.
Para
facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas,
el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy»,
en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y
extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala
suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a las
personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior para asesinar
al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de Caracas había acusado
a María Corina Machado, el gobernador Henrique Salas Romer, el
ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre Birceño,
el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M. Burelli,
quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que habían sido
falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto, todos eran
cómplices.
Al seguir la
pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación
Jericó». En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la
conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se reforzó la
protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados fueron arrestados
el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de los arrestados permitieron
la detención de otro cómplice: el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
El alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace con Israel. Ledezma
había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo de 2012, para
reunirse con el primer ministro israelí Benyamin Netanyahu y con el ministro de
Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman actuando como representante del jefe de
la oposición venezolana, Henrique Capriles Radonski.
El
presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión
denunciando a los conspiradores [1]. Mientras tanto,
en Washington, la portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los
periodistas que recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009
en Honduras o más recientemente, en enero de 2015, en la intentona
golpista de Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como todas las
anteriores, son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos
no apoya las transiciones políticas por medios no constitucionales.
Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales,
pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano
trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a
Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los
acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan falta de
seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la grave
situación que está confrontando.»
Para los
venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave dilema:
¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de
la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes
en contra de la democracia?
Para quienes
aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado, que ese país
ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora defiende la
democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema
de reflexión.
Estados
Unidos contra Venezuela
En 2002, Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra
el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías [2] y posteriormente asesinó al juez
venezolano a cargo de la investigación, Danilo Anderson [3].
En 2007, Estados Unidos intentó un cambio de régimen organizando en Venezuela
una «revolución de color» con la participación de grupos
trotskistas [4].
En 2014, Estados Unidos pareció renunciar a su objetivo y respaldó grupos
anarquistas que realizaron innumerables actos vandálicos
para desestabilizar Venezuela, lo que los venezolanos llaman la Guarimba [5].
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