Viernes 25
de Agosto de 2017
La "Operación Caronte", iniciada por los
Mossos d'Esquadra en 2014 contra una célula terrorista yihadista en Catalunya,
preparada para matar y que con no pocas trabas pudo ser desarticulada en 2015
por la policía catalana, evidenció la hostilidad del Gobierno de Rajoy y del
Ministerio del Interior, dirigido en aquel entonces por Jorge Fernández Díaz,
contra el Govern de la Generalitat y sus servicios policiales autonómicos.
Esa organización criminal acabó desarticulada y se
practicó la detención de los 10 integrantes de su célula terrorista, además de un
cómplice muy especial: un militante neonazi, amigo del líder yihadista, que
le había pedido colaboración para acceder a armas y explosivos con la finalidad
de atentar contra intereses judíos en Barcelona.
Finalmente, a pesar de los informes policiales la
Audiencia Nacional acordó no imputar en la causa a ese excandidato
ultraderechista del MSR y miembro de SOM. La razón de su exoneración se debió a
que, según el auto del instructor, el neonazi finalmente "no colaboró con
los terroristas". No obstante, no le será devuelto el arsenal y munición
de guerra ocupado en su vivienda. El resto de la banda aguarda en prisión la
celebración del juicio.
Al bloqueo desde el Ministerio del Interior español
impidiendo que los Mossos tengan acceso a las redes convencionales de
información policial antiterrorista internacional, hubo que añadirle "la
intromisión de agentes de la Policía Nacional en un caso abierto, con la única
misión de boicotear la investigación antiterrorista que estaban llevando
a cabo unidades de información de los Mossos d'Esquadra, que contaban con
agente e informadores infiltrados", según la denuncia de la policía
autonómica catalana.
Los agentes de la Policía Nacional "alertaron
a los presuntos terroristas yihadistas de que estaban siendo investigados por
la policía catalana". Pocos días después los Mossos denunciaron los
hechos ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía. A raíz de esa denuncia estalló
una tormenta política entre la Generalitat y el Gobierno central, con duros
cruces de acusaciones que fueron ampliamente reflejadas en la prensa de la
época.
Los Mossos d'Esquadra, marginados por Rajoy
El Ministerio del Interior se ha negado reiteradamente
a atender las solicitudes del Govern de la Generalitat para incluir a los
Mossos d'Esquadra en las principales redes de información policial
internacional de lucha antiterrorista, tanto Interpol, como Europol, SIENA o
SIRENE, así como el español CITCO, el Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado.
Distintas fuentes sitúan el conflicto surgido durante
la investigación de la "Operación Caronte" como un punto crítico en
las hostilidades entre el Gobierno del PP y el Govern de Catalunya en materia
policial. "Si el Partido Popular tuviera en sus manos la posibilidad de
revertir la hegemonía de los Mossos d'Esquadra en el territorio de Catalunya ya
lo habría hecho, dejando a la policía autonómica como un ente folclórico para
ser lucido en fiestas de guardar", señalan a coro sindicalistas de la
policía autonómica, consultados por Público.
En este sentido, los agentes recuerdan la hostilidad
hacia el Govern de Catalunya manifestada reiteradamente por el exministro del
Interior Fernández Díaz, quien a mediados del 2015 salía al paso para negar los
chivatazos de policías nacionales a presuntos terroristas. Su respuesta oficial
transmitía implícitamente su clara desconfianza hacia a la policía de la
Generalitat, a pesar de ser un cuerpo policial del Estado español: "La
lucha y la política antiterrorista debe ser de Estado, y no se puede dejar en
manos de los que no tienen el más mínimo sentido de Estado", dijo el
ministro el 14 de mayo de 2015, tras una reunión con sus homólogos de los
países del Sahel.
Pronto llegó la oportuna respuesta del entonces
conseller de Interior, Ramón Espadaler: "Al ministro [Jorge Fernández
Díaz] le sienta fatal que los Mossos sean eficientes en la lucha
antiterrorista. Yo, en cambio, me alegro de que los cuerpos de seguridad del
Estado sean eficientes en la misma lucha". Pero añadió que el caso del chivatazo
"no es una lucha entre la Policía Nacional y los Mossos, no es una
pelea, sino una actuación presuntamente delictiva de miembros de la Policía
Nacional".
El chivatazo policial a los yihadistas
Los hechos denunciados por los Mossos al Juzgado
Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, junto a un informe de
fecha 24 de noviembre de 2014, donde se considera la actuación de los policías
nacionales compatible con un presunto delito de "revelación de
secretos" cometidos por funcionarios públicos.
Según la
denuncia, cuatro agentes de la Policía Nacional, entre ellos un
inspector y un inspector jefe, alertaron en noviembre de 2014 a los miembros
de la célula yihadista "Fraternidad Islámica-Grupo para la predicación
del Yihad", integrado en el movimiento Yihadista Global y afín
ideológicamente al Estado Islámico (DAESH), que estaban siendo investigados por
los Mossos d'Esquadra.
El
Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía -entonces bajo el control
de Ignacio Cosidó- tenía información de que los Mossos investigaban a un
grupo emergente yihadista, que se estaba radicalizando y que operaba en el
entorno de Terrassa.
Todo apunta a que los agentes del Cuerpo Nacional
de Policía decidieron por razones desconocidas intervenir por su cuenta en la
investigación, sin informar a la policía catalana habilitada en este caso
por la Audiencia Nacional, y contactar directamente con los integrantes de esta
célula terrorista en construcción.
Para ello
los agentes de la Policía Nacional se pusieron en contacto con un informador
habitual de Mataró, "al que facilitaron tres fotografías de los individuos
que eran de su interés, con la finalidad de que el confidente alertara a los
yihadistas que estaban siendo vigilados por la policía autonómica".
El
confidente habitual de la Policía Nacional no conocía a los reseñados de
Terrasa y cómo localizarlos, pero sí sabía de alguien que le podría ayudar en
el encargo. Se trataba de otro español, hijo y nieto de policías, también
cristiano converso al islam como el confidente, que sí los conocía.
Así, el día
7 de noviembre de 2014 ambos se presentaron en una tienda situada en el número
196 de la calle Sant Damià, de Terrassa, donde trabaja en aquellas fechas uno
de los yihadistas integrantes de la célula terrorista.
En ese momento había varios miembros más del grupo
reunidos en el local, y entre ellos el agente de los Mossos infiltrado en el
grupo, cuyo papel como agente encubierto fue autorizado por la Fiscalía y
la Audiencia Nacional el 20 de octubre de 2014.
Ambos informadores de la policía nacional, siguiendo
instrucciones de éstos, entraron y se dirigiéndose al grupo, se presentaron y
comenzaron advirtiéndoles que sabían lo que estaban haciendo y "que no
siguieran por el camino del Yihad, que no era el camino correcto". Además,
informaron a los miembros de la célula yihadista "que un jefe de
policía [nacional] les había dicho que los Mossos estaban investigando a todos
los presentes, y que en unas tres semanas los iban a detener a todos.
También les explicó que este policía les enseñó diversas fotografías de los
investigados, hechas supuestamente en el curso de vigilancias policiales, para
corroborar esta información", según señala el informe de los Mossos.
Tras aquella
reunión de "revelación de secretos a investigados por terrorismo"
ambos colaboradores de la Policía Nacional pasaron a convertirse también en
objetivo de los Mossos d'Esquadra.
Así el 17 de
noviembre de 2014, diez días después, los Mossos detectaron a uno de ellos
reunido en un bar con otras dos personas desconocidas, que serían identificadas
más tarde como un inspector y un inspector jefe de la Brigada Provincial de
Información de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, según recoge el
informe de investigación. Este encuentro fue grabado en vídeo por la policía
catalana en colaboración con agentes del Centro Nacional de Inteligencia, el
CNI. Esto es, agentes de la policía catalana, trabajando junto a los
servicios secretos españoles investigando a inspectores de la Policía Nacional.
Tras la denuncia y la citación de los inspectores ante
el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, este finalmente acordó el
archivo de la causa al considerar que no había delito.
No obstante, la Generalitat denunció los hechos ante
la Fiscalía, aportando los testimonios de los mismos informadores de la Policía
Nacional, quienes denunciaron ante la Audiencia haber recibido presiones de
estos mismos policías. Uno de ellos fue entrevistado por dos periodistas de El
Periódico de Catalunya que recogieron su testimonio en vídeo manteniendo
oculta su identidad.
Crisis en la lucha antiterrorista
Sin duda, más allá del alcance de las consecuencias y
actuaciones legales al respecto, este hecho pone de manifiesto un claro
conflicto en el seno del Gobierno español a la hora de gestionar la lucha
antiterrorista, la relación del Estado con los cuerpos de seguridad autonómicos
y los accesos a la información sensible.
Mientras, el exministro Fernández Díaz impedía a los
Mossos acceder a los servicios internacionales de inteligencia y de lucha
antiterrorista e información policial, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, de quien directamente dependía el CNI, no se opuso a la
colaboración de los servicios de inteligencia con los Mossos d'Esquadra,
incluso para investigar a la Policía Nacional.
Ahora, el CNI vuelve a estar bajo el control del
Ministerio de Defensa, con la ministra Cospedal, y el nuevo ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mantenido el veto a que los Mossos d'Esquadra
se integrasen en los servicios de información policial internacional hasta que,
a raíz del atentado de Barcelona, prometió que les abriría el acceso a Europol
a partir de septiembre.
Fuente: Público
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Artículo extraído de la web:
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